Lo ocurrido en San Luis Potosí ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y periodistas de todo el país. La detención de tres comunicadores y la existencia de al menos otras diez órdenes de aprehensión contra periodistas y creadores de contenido por la difusión de materiales elaborados con Inteligencia Artificial ha sido interpretada como un preocupante precedente sobre el uso del sistema de justicia para inhibir las voces críticas.
Las periodistas Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, así como Christian Herrera, administrador de la página “Código Rojo”, especializada en información sobre seguridad pública, fueron detenidos el pasado 21 de mayo en medio de investigaciones relacionadas con la difusión de un video generado con Inteligencia Artificial que hacía referencia a presuntos vínculos entre el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y una organización criminal.
De acuerdo con la organización Artículo 19, la mayoría de las personas investigadas ni siquiera fueron las creadoras originales del contenido cuestionado, sino que únicamente lo compartieron o replicaron en sus redes sociales, una situación que ha generado un intenso debate sobre los límites entre el combate a la desinformación y la protección de la libertad de expresión.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, advirtió que estos casos reflejan un incremento en el acoso judicial contra periodistas en distintas entidades del país. Señaló que fiscalías estatales están siendo utilizadas para investigar y perseguir a comunicadores críticos, un fenómeno que, aseguró, ya se ha observado en estados gobernador por Morena como Puebla, Campeche y Veracruz.
La preocupación aumenta debido a que, según la organización, las imputaciones se sustentan en reformas recientes al Código Penal de San Luis Potosí relacionadas con el uso indebido de Inteligencia Artificial, modificaciones aprobadas en noviembre del año pasado y promovidas por actores políticos cercanos al gobierno estatal.
Aunque un juez determinó posteriormente suspender la medida cautelar de prisión preventiva contra Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, permitiendo que continúen su proceso en libertad bajo ciertas restricciones, el mensaje enviado al gremio periodístico ya ha generado preocupación.
Diversas organizaciones han insistido en que cualquier regulación sobre el uso de Inteligencia Artificial debe ser compatible con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y debido proceso, evitando que figuras penales ambiguas se conviertan en instrumentos para castigar el trabajo periodístico o desalentar la difusión de información de interés público.
En un país considerado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, el caso de San Luis Potosí abre una nueva discusión sobre el equilibrio entre combatir la desinformación y garantizar que las leyes no sean utilizadas para silenciar voces críticas.
