La creación de una comisión especial para investigar un operativo que el propio gobierno encabezado por María Eugenia Campos Galván organizó no es solo cuestionable, es, francamente, un ejercicio de simulación política que raya en lo absurdo.

Resulta difícil entender la lógica detrás de la decisión anunciada por la gobernadora. Según su propio posicionamiento, el operativo que derivó en el hallazgo y desmantelamiento de un importante narcolaboratorio fue impulsado desde su administración. Más aún, la participación de agentes extranjeros —presuntamente vinculados a la CIA— no habría sido un accidente, sino parte de una estrategia previamente coordinada.

Entonces, ¿qué sentido tiene crear una “Unidad Especializada” para investigar hechos que el propio gobierno diseñó, ejecutó y supervisó?

La contradicción es evidente. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo sin comprometer la credibilidad del proceso. Pretender que una estructura creada por el mismo poder que organizó el operativo sea capaz de investigarlo con independencia es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, una maniobra para diluir responsabilidades.

El argumento de fortalecer la transparencia, anunciado tras la reunión con Omar García Harfuch, suena bien en el discurso, pero se queda corto frente a la realidad. La transparencia no se decreta: se construye con mecanismos autónomos, con contrapesos reales y con voluntad política para rendir cuentas, incluso cuando los resultados pueden ser incómodos.

Aquí, en cambio, se observa lo contrario: un gobierno que, ante un hecho trágico —un accidente que costó la vida a funcionarios y agentes— opta por encapsular la investigación dentro de su propio ámbito de control. Esto no solo debilita la confianza pública, sino que envía un mensaje preocupante sobre la falta de responsabilidad institucional.

Además, la creación de esta comisión implica un uso adicional de recursos públicos en un contexto donde las prioridades deberían estar claramente enfocadas en la seguridad, la prevención y la atención a las víctimas. Destinar tiempo, dinero y capital político a una estructura que difícilmente ofrecerá resultados independientes parece, cuando menos, un desperdicio.

Más allá del discurso oficial, lo que la ciudadanía necesita es claridad: ¿quién autorizó la participación de agentes extranjeros?, ¿bajo qué marco legal operaron?, ¿qué protocolos se siguieron?, ¿y quién asume la responsabilidad por las decisiones tomadas?

Sin respuestas claras a estas preguntas, cualquier comisión —por especializada que se denomine— será percibida como un intento de control narrativo, no como un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

Pedro Torres Estrada