Bajo el segundo mandato del expresidente Donald Trump, la política migratoria de Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más duros en décadas.

Se ha reactivado una serie de órdenes ejecutivas que priorizan la detención masiva de personas migrantes, incluso sin antecedentes penales, provocando cifras récord de reclusión y un preocupante retroceso en materia de derechos humanos.

De acuerdo con un informe reciente de Human Rights Watch, más de 56 mil personas se encuentran detenidas diariamente en centros migratorios del país, la cifra más alta desde que existen registros.

Solo en el primer semestre de 2025, el número de personas en custodia de ICE creció un 40 por ciento respecto al año anterior, y casi el 72 por ciento de los detenidos no tenía antecedentes criminales.

Los testimonios recabados son estremecedores. Personas detenidas relataron haber sido encadenadas durante horas en autobuses sin acceso a agua ni sanitarios, forzadas a dormir en pisos de concreto bajo luz fluorescente constante y privadas de atención médica básica, incluso en situaciones de urgencia.

Mientras que mujeres fueron recluidas por días en celdas improvisadas con un solo baño insalubre, mientras que hombres con enfermedades crónicas fueron trasladados sin medicamentos ni diagnóstico.