En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que propondrá la eliminación del fuero de diputados y senadores.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional este 1 de octubre, la mandataria informó que llevará la propuesta a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con la idea de que en febrero se presente de manera formal al Congreso una iniciativa que no solo contemple cambios en la estructura electoral, sino también la supresión de este privilegio que por décadas ha protegido a los legisladores.

El fuero constitucional ha sido tema de debate recurrente en México. Originalmente concebido como una figura de protección para garantizar la labor legislativa frente a posibles represalias políticas, en la práctica ha sido criticado por convertirse en un mecanismo de impunidad que blinda a legisladores de procesos judiciales mientras están en funciones.

Durante los últimos años, diversas fuerzas políticas han prometido eliminarlo o acotarlo, pero los cambios han sido parciales y no han alcanzado a todos los servidores públicos. Con esta nueva propuesta, la presidenta busca dar un golpe de timón en un tema de alta sensibilidad social y de gran rentabilidad política.

Analistas consultados consideran que la declaración de Sheinbaum no solo responde a una agenda institucional de reforma, sino que podría tener un trasfondo político. La propuesta se interpreta como un mensaje directo hacia Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual figura relevante dentro de Morena, quien ha sido señalado en distintas ocasiones como operador político de legisladores y con influencia sobre bloques en el Congreso.

De concretarse, la iniciativa sería presentada al Congreso en febrero de 2026 y requerirá una reforma constitucional, lo que implica la necesidad de construir consensos amplios, no solo con la mayoría oficialista, sino también con la oposición.

La discusión promete ser uno de los puntos álgidos del próximo periodo legislativo, ya que involucra tanto el equilibrio de poderes como la credibilidad de la clase política ante la ciudadanía.