En medio del bloqueo de transportistas y agricultores que desde temprana hora afecta carreteras y cruces internacionales en más de una veintena de estados, incluida la frontera de Ciudad Juárez, surgieron dos posturas completamente opuestas sobre el avance del diálogo entre el Gobierno Federal y los manifestantes.

Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo durante la conferencia mañanera que existe una comunicación constante con los sectores movilizados y que sus demandas han sido escuchadas, asegurando que las protestas no se deben a la falta de acuerdos y que la Ley de Aguas Nacionales sigue en discusión abierta dentro del Congreso.

Sheinbaum incluso señaló que la oposición a la Ley de Aguas proviene principalmente de quienes, según dijo, “acaparan concesiones”.

Sin embargo, en contraste con ese mensaje, los productores en Chihuahua y otras regiones del país aseguran que el diálogo ofrecido desde el Gobierno Federal llega acompañado de presiones, condicionamientos y amenazas de abrirles carpetas de investigación para meterlos presos.

El representante agrícola Yako Rodríguez afirmó en entrevista para Noticieros Radiorama que las convocatorias del Gobierno Federal realizadas durante el fin de semana buscan dividir y desmovilizar al movimiento, al tiempo que persiste lo que calificó como “intimidación” hacia quienes encabezan las protestas.

Yako Rodríguez advirtió que el sector no acudirá a mesas “a modo” y que la movilización seguirá hasta que existan acuerdos reales y no solo discursos conciliadores.

En Ciudad Juárez, los agricultores organizaron la protesta en el puente internacional libre, donde permitirán el ingreso sin restricciones de personas provenientes de Estados Unidos, pero bloquearon el cruce de carga hacia territorio estadounidense.

Yako Rodríguez descarto tintes políticos en esta manifestación y aseguro que la inconformidad surge por la falta de precios justos para el maíz y otros productos, así como por la creciente influencia de grandes industriales como Minsa y Maseca, a quienes acusan de manipular los precios con permiso de autoridades federales.

También señalo presunta intervención de una asesora económica cercana a la Presidencia en la fijación de precios, lo que calificaron como una situación insostenible para miles de familias productoras.

De acuerdo con el líder campesino, la movilización podría involucrar a más de 500 mil agricultores en todo el país, convirtiéndose en una de las protestas campesinas más grandes de los últimos años.