La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a colocar en el centro del debate nacional el tema del nepotismo y la herencia de cargos públicos, al reiterar su rechazo a que los puestos de poder se transfieran entre familiares, una postura que cobra relevancia ante los movimientos políticos que se observan en San Luis Potosí y Nuevo León.

De manera reiterada, la jefa del Ejecutivo federal ha manifestado que la continuidad de proyectos políticos basados en lazos familiares contradice los principios de renovación y ética pública que busca impulsar su administración.

No obstante, esta visión no fue plenamente acompañada por la mayoría legislativa de la Cuarta Transformación, que dejó abierta la posibilidad legal para este tipo de escenarios.

Ante ese contexto, Morena optó por incorporar en sus estatutos internos disposiciones orientadas a frenar el nepotismo, en un intento por armonizar su normativa partidista con la postura presidencial, aunque sin una prohibición explícita a nivel constitucional o legal.

El debate adquiere especial relevancia en San Luis Potosí y Nuevo León, donde los gobernadores Ricardo Gallardo y Samuel García exploran ajustes al marco legal bajo el argumento de la paridad de género, con el objetivo de abrir el camino para que sus respectivas esposas, Ruth González y Mariana Rodríguez, queden posicionadas como posibles candidatas a las gubernaturas.

Este escenario plantea un desafío político para la Presidencia de la República, ya que una eventual postulación de familiares directos tensiona el discurso oficial contra el nepotismo, aun cuando se encuentre respaldada en criterios de paridad y equidad de género.

El tema, lejos de cerrarse, anticipa un debate de fondo sobre los límites entre la paridad, la legalidad electoral y los principios éticos que el nuevo gobierno busca consolidar en la vida pública del país.