El empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, argumentando ser víctima de «persecución política» desde 2023.

El magnate agotó todas las instancias judiciales nacionales en noviembre pasado, después de perder ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación varios juicios que suman 51 mil millones de pesos en adeudos fiscales, algunos desde 2007.

En su solicitud presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el Grupo Salinas denuncia hostigamiento «fiscal, judicial y administrativo» por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El empresario argumenta que estas acciones buscan «restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público».

Entre los agravios señalados destacan:

• Auditorías excesivas
• Daño a la reputación a través de medios de comunicación oficiales
• Uso político del aparato fiscal
• Captura del Poder Judicial tras la reforma judicial

La denuncia ante la CIDH no tendrá consecuencias inmediatas en el proceso de cobro que enfrenta el quinto hombre más rico de México.

Pueden pasar años hasta que la Comisión resuelva si acepta o no llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expertos consideran improbable que proceda, debido a la naturaleza fiscal del asunto.

Incluso si la Corte fallara a favor del empresario, difícilmente podría revertir el desenlace del proceso tras la reforma al recurso de amparo aprobada este otoño.

El pleito entre Salinas Pliego y el gobierno federal representa parte de un iceberg de dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados.

La administración de Sheinbaum ha hecho del combate contra los grandes deudores uno de sus ejes centrales, buscando aumentar la recaudación para mantener los programas sociales sin recurrir a una reforma fiscal.