La regidora priista Rosy Carmona encabezó en sesión de Cabildo un exhorto dirigido al Congreso de la Unión para frenar la reforma a la Ley Nacional de Aguas y la iniciativa de Ley General de Aguas, al advertir que ambas ponen en riesgo el abasto para familias rurales, productores y comunidades indígenas. Junto a ella, la regidora Ana Lilia Orozco respaldó la petición.

“Si no llega el agua al pueblo, la estabilidad tampoco llegará al gobierno”, señaló Carmona, al insistir en que cualquier cambio legal debe pasar por una consulta amplia y real con quienes dependen directamente del agua.Carmona criticó que la propuesta impulsada por Morena fue construida “a rajatabla” y basada en “una simple aritmética parlamentaria”. Agregó: “Morena dice que representa al pueblo, pero no les ha tocado ser el pueblo”.

Para evidenciar la falta de sensibilidad hacia el campo, la regidora compartió pasajes de su propia niñez. Recordó que, a los 7 años, cavó un pequeño pozo en su comunidad y cargaba dos cubetas de 20 litros para abastecer a su familia. “Y todavía había que hervirla”, relató.

“Esa es la vida real del campo. Esa es la vida de millones. Y quienes vivimos eso sabemos que el agua es un derecho, no un privilegio”, afirmó.Advirtió también que la reforma podría rebasar la capacidad operativa de Conagua, generando negativas fictas que dejarían sin respuesta a comunidades rurales.

Señaló que la iniciativa endurece las sanciones al campo al transformar faltas administrativas en delitos:“Lo que hoy es una falta administrativa, con esta reforma podría convertirse en delito”, remarcó. Multas duplicadas, sanciones superiores al millón de pesos y hasta 12 años de prisión por pozos de uso doméstico, explicó, son parte del riesgo.

“Conagua no tendrá capacidad de contestar debido a la carga de trabajo que esta reforma generaría. Y en ese silencio, quienes perderán serán los mismos de siempre: el campesino, el productor, la familia rural, la comunidad indígena”, subrayó.

Al cierre, Carmona insistió en que la prioridad debe ser fortalecer el derecho humano al agua y no debilitarlo.

“El agua no se vende ni se negocia: se protege y se garantiza”, sostuvo.Tanto Carmona como Orozco reiteraron la necesidad de una reforma construida con la ciudadanía. “Sí necesitamos mejorar, sí necesitamos una reforma hídrica, pero debe construirse con quienes conocemos el territorio: el pueblo, los campesinos, las comunidades y los municipios”, concluyó.