La región hidrológico-administrativa del Río Bravo, de donde sale el agua que México entrega a Estados Unidos bajo el Tratado de 1944, acumula 36 meses consecutivos de sequía, una condición que ya impacta de forma directa a Chihuahua, particularmente en las zonas del norte y noreste del estado.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre diciembre de 2022 y noviembre de 2025, el 55.6% del territorio de esta región presentó insuficiencia de lluvias, mientras que un 23.7% alcanzó niveles de sequía extrema o excepcional, los más severos en la clasificación oficial.

Los meses más críticos se registraron en septiembre de 2023, cuando el 85.6% de la región estuvo afectada, y en mayo de 2024, con un 80%. En lo que va de este año, la mayor superficie bajo sequía extrema se concentró en marzo y abril, con 60.3% y 67.6%, respectivamente.

Al cierre de noviembre pasado, el Monitor de Sequía de México ubicó los niveles más altos de afectación en los límites entre Chihuahua y Coahuila, una zona donde comunidades rurales y agrícolas ya resienten la baja disponibilidad de agua superficial.

La RHA Río Bravo abarca 144 municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con una población estimada de 13.3 millones de habitantes, muchos de ellos dependientes de presas y ríos que hoy operan en condiciones mínimas.

El Programa Hídrico Regional 2021–2024 advierte que esta cuenca enfrenta una doble presión: crecimiento poblacional concentrado en zonas urbanas y alto concesionamiento agrícola, en un contexto de sequías cada vez más frecuentes.

A ello se suma un informe internacional publicado este año por el Centro Nacional de Mitigación de Sequías (NDMC), la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación y la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, que proyecta una reducción de hasta 25% en el flujo del río Conchos, principal afluente del Río Bravo, entre 2025 y 2050.

Para Chihuahua, el escenario representa un riesgo directo al abasto de agua, a la actividad agrícola y al cumplimiento de los compromisos internacionales, en un estado donde la sequía ya dejó de ser temporal para convertirse en una crisis estructural.