La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, presentó este jueves ante medios de comunicación una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que será enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El objetivo de dicha ley es establecer mecanismos para que los partidos políticos cuenten con información de inteligencia que les permita evitar postular candidatos con vínculos a la delincuencia organizada, de cara a las elecciones de 2027.

El eje central de la propuesta es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeros electorales.

De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos podrán voluntariamente entregar a la comisión la lista de aspirantes a candidaturas.

La comisión actuará como enlace entre los partidos y cuatro instancias de seguridad e inteligencia: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Tras el análisis de cada caso, las autoridades informarán a la comisión únicamente si existe o no un riesgo razonable de vínculos con el crimen organizado, sin revelar el expediente o asunto específico que origina esa alerta.

La comisión, a su vez, trasladará esa información a los partidos, indicando qué instancias detectaron el riesgo. La decisión final sobre registrar o no la candidatura recaerá en los propios partidos políticos.