La permanencia del brazalete electrónico del ex gobernador César Duarte dentro de “El Altiplano” abrió un nuevo frente de análisis sobre los alcances reales de los sistemas de vigilancia en uno de los penales considerados de máxima seguridad en el país.

El director del penal, Luis Fernando Mendoza Castellanos, solicitó formalmente a una jueza federal el retiro del dispositivo, al argumentar que el brazalete genera interferencias en los equipos electrónicos de vigilancia, lo que, según su planteamiento, vulnera la seguridad interna del centro penitenciario.

De acuerdo con el escrito presentado por la dirección del penal, el funcionamiento del dispositivo afecta los sistemas tecnológicos destinados a la vigilancia, lo que colocaría en riesgo tanto al personal penitenciario, como a las personas privadas de la libertad.

El brazalete es operado por la empresa mexicana GPS Monitor Rastreo Satelital, según confirmó uno de los abogados defensores del ex mandatario, y su uso fue autorizado por un juez local en Chihuahua en junio de 2024, cuando Duarte enfrentaba en libertad un proceso por presunto peculado cometido durante su administración estatal entre 2010 y 2016.

La petición para retirar el brazalete de César Duarte deja al descubierto una contradicción estructural: un dispositivo de monitoreo individual, autorizado por una autoridad judicial local, sería capaz de alterar la operación de un penal catalogado como de máxima seguridad.