El proyecto de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum sigue levantando ámpula. Uno de los puntos más comentados es la reducción del número de regidores por municipio, estableciendo un tope máximo de 15 integrantes en los cabildos a partir del proceso electoral de 2027.

La narrativa oficial sostiene que se trata de una medida de austeridad y racionalización del gasto público, bajo el argumento de que en varios municipios existe sobrerrepresentación en relación con su población. De aprobarse en esos términos, varios aspirantes a regidurías simplemente se quedarían sin espacio en la boleta.

En el paquete también se plantea reforzar el principio de que ningún diputado local gane más que la persona titular del Ejecutivo federal, en congruencia con el tope salarial ya previsto en la Constitución. Además, se propone reducir el número de integrantes del Senado de la República, pasando de 128 a 96 escaños; sin embargo, este ajuste entraría en vigor hasta 2030, por lo que la actual legislatura no se vería afectada.

Otro punto relevante es la regulación del uso de Inteligencia Artificial en campañas electorales. La iniciativa contempla facultar al Instituto Nacional Electoral para ordenar el retiro de contenidos digitales y sancionar el uso de bots o materiales manipulados que puedan inducir al engaño. En un contexto donde los “deepfakes” y la propaganda digital pueden alterar la percepción pública, el debate sobre libertad de expresión y control institucional será inevitable.