Vivienda para el Bienestar todavía no logra aterrizar en la capital del estado, y el principal obstáculo sigue siendo el mismo: los terrenos.

El Infonavit, encabezado por Octavio Romero Oropeza, es la instancia responsable de impulsar la construcción de vivienda social dentro de esta estrategia federal. Mientras en otras entidades del país ya existen predios definidos e incluso obras iniciadas, en Chihuahua el proyecto continúa atorado en la etapa previa.

A mediados de mes, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, informó que el gobierno municipal encabezado por Marco Bonilla puso sobre la mesa siete terrenos pertenecientes a la reserva territorial del Municipio. Incluso se dieron detalles de ubicación y del valor estimado de los predios, cercano a los 75 millones de pesos.

Sin embargo, desde el ámbito estatal surgieron matices. El titular de Vivienda, Antonio Chávez, dejó claro que los desarrollos no deberán ubicarse en zonas alejadas de la mancha urbana, buscando evitar repetir el modelo de fraccionamientos periféricos que durante años generaron abandono, falta de servicios y problemas de movilidad.

Y ahí aparece la verdadera pregunta: si Federación y Municipio coinciden en que la vivienda no debe enviarse a las orillas de la ciudad, ¿qué es lo que realmente está frenando el arranque?

Todo apunta a diferencias técnicas —y probablemente financieras— sobre la viabilidad de los predios ofrecidos: acceso a servicios básicos, conectividad vial, densidad permitida, costos de urbanización y rentabilidad social del proyecto. En otras palabras, no basta con tener tierra disponible; debe cumplir con criterios urbanos que hagan sostenible la vivienda a largo plazo.

El fondo del asunto podría estar en algo más político que técnico: quién define finalmente dónde se construye, bajo qué modelo y con qué impacto urbano. Porque arrancar el programa en la capital no solo implica resolver un déficit habitacional, sino también asumir el costo político de dónde crecerá la ciudad en los próximos años.