El terremoto político no cede. En los últimos días, el caso Miss Universo volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que Raúl Rocha Cantú, co-dueño del certamen, fuera señalado por autoridades federales. De acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y con información judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR), Rocha Cantú enfrenta acusaciones por presunto narcotráfico, tráfico de armas y operaciones relacionadas con huachicol.

La presunta red de corrupción en torno a Rocha Cantú habría alcanzado distintas esferas gubernamentales y, de manera particular, a Pemex, donde Bernardo Bich (o Boch) ha sido mencionado en relación con prácticas irregulares. Las coincidencias levantaron sospechas debido a los más de mil millones de pesos en contratos que Rocha Cantú recibió de la paraestatal.

En medio de este sismo político surgió otro elemento detonante: la posible salida del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Desde que se reveló el llamado caso del “huachicol fiscal”, además de las investigaciones vinculadas al grupo criminal “La Barredora” y el reciente episodio de Rocha Cantú —a quien la FGR otorgó calidad de testigo colaborador y permitió viajar a Tailandia para asistir al certamen de belleza—, la relación entre la Fiscalía y Palacio Nacional se habría enfriado notablemente. Su ausencia en las conferencias matutinas incrementó la especulación, y este día el tema se encendió en el Senado ante la versión de su presunta renuncia.

Para quienes todavía sostienen que las fiscalías operan con autonomía absoluta, el escenario actual ha suscitado nuevas dudas. El Senado fue convocado a una reunión urgente, mientras que Adán Augusto López Hernández acudió a Palacio Nacional por instrucciones superiores, según reportes legislativos.

La gran interrogante ahora es si este movimiento se limitará a la salida del fiscal o si podría implicar también un reacomodo profundo al interior del llamado Grupo Tabasco.

Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo. El exsecretario de Seguridad de Tabasco, conocido como “Comandante H”, ha sido vinculado públicamente con el grupo criminal “La Barredora”; el senador López Hernández enfrenta señalamientos que no han sido plenamente aclarados; y figuras como Bernardo Bich y el propio Rocha Cantú, ambos con vínculos con Tabasco y con contratos en Pemex, mantienen al gobierno federal bajo una presión política significativa. El hecho de que Rocha Cantú esté simultáneamente acusado por la Secretaría de Seguridad y judicializado por la Fiscalía, pero también beneficiado por ésta con un criterio de oportunidad, ha intensificado la percepción de crisis institucional.