¡Finalmente, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo! Poco a poco la lumbre terminó alcanzando a varios de los señalados en Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y aunque muchos aún no entienden del todo lo que está ocurriendo, la gran pregunta sigue siendo la misma:
¿Si Estados Unidos los estaba buscando… entonces por qué cruzaron hacia allá?
La hipótesis más sólida es simple: porque aquí en México ya no se sentían seguros. No huyeron a otro país del mundo porque sabían perfectamente que, tarde o temprano, Estados Unidos terminaría localizándolos y capturándolos donde estuvieran. Así que cruzaron la frontera y fueron detenidos. Prácticamente se entregaron solos.
Pero entonces surge otra duda todavía más fuerte: ¿por qué entregarse si en México aparentemente nadie los perseguía?
Porque en política siempre llega el momento en que alguien tiene que pagar el costo del desorden. El sistema necesita víctimas para contener el escándalo y evitar que la suciedad más profunda salga completamente a la superficie.
En México, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza todavía los protegen políticamente porque saben demasiado, conservan estructura, tienen información sensible y conocen a muchos de los involucrados.
Los mandos policiacos menores que aparecen en las famosas listas son peces chicos. Muchos de ellos terminarán detenidos, desaparecidos o muertos. Andan a salto de mata esperando no convertirse en los sacrificados de la historia.
Pero los mandos medios —que también son piezas clave— entendieron antes que nadie hacia dónde se movía la tormenta. Ahí entran el exsecretario de Seguridad estatal, el general retirado Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz. Ambos habrían comprendido que podían convertirse en las primeras víctimas, ya fuera del propio sistema político mexicano o incluso del crimen organizado.
La ecuación para ellos era sencilla: huir a otro país y caer tarde o temprano sin margen de negociación; quedarse en México arriesgándose a terminar muertos o encarcelados como trofeos políticos; o entregarse a las autoridades estadounidenses, acogerse a mecanismos de cooperación y convertirse eventualmente en testigos colaboradores a cambio de protección y una posible reducción de condenas.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fueron congeladas cuentas relacionadas con Rubén Rocha Moya, lo que para muchos representa una señal clara de que el caso sigue avanzando.
Desde aquella llamada entre Donald Trump y el gobierno mexicano, el tablero comenzó a moverse aceleradamente. Primero vinieron las entregas de Gerardo Mérida y Enrique Díaz; después comenzaron a cruzar información, expedientes y posibles pruebas hacia Estados Unidos. Todo apunta a que buscan colaborar con la oficina federal de Nueva York que mantiene presión política y judicial sobre México.
Hasta ahora, ya van varios nombres bajo la lupa, y durante horas incluso circuló la versión de que también habría sido detenido Enrique Inzunza.
Por si fuera poco, el congelamiento de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera agrega todavía más presión sobre Rocha y su círculo político.
Entonces la pregunta vuelve a surgir inevitablemente: ¿sí hay intención de perseguir a los señalados o no?
Parece que sí… aunque todavía se diga en voz baja.
