Tal como se advirtió, Jorge Raúl A. G., alias “La Rata”, presunto sicario acusado del delito de homicidio, no se presentó a la audiencia de vinculación a proceso, pese a que la medida cautelar impuesta consistía únicamente en la obligación de firmar periódicamente. Ante su inasistencia, la jueza de control, Alatorre, determinó sujetarlo a proceso penal en ausencia.

En términos simples, todo apunta a que el imputado logró evadir a la justicia como consecuencia directa de una resolución judicial cuestionable.

Durante la audiencia se expusieron los datos de prueba en los que se establece que “La Rata” es señalado como presunto responsable del homicidio de Francisco Javier Urías Rodríguez, alias “El Pelón”, hechos ocurridos en la colonia Punta Oriente. Con esta decisión, la responsabilidad de localizarlo recae nuevamente en la Policía Ministerial, que ahora deberá intentar reaprehenderlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Lo ocurrido representa una pifia mayúscula. No se trataba de un ciudadano sin antecedentes ni de una persona con garantías suficientes para no sustraerse de la acción de la justicia. Por el contrario, se trata de un individuo acusado de homicidio, detenido previamente mediante una orden de aprehensión otorgada por un juez, lo que implica que el Ministerio Público acreditó elementos suficientes para justificar su captura.

Sin embargo, una vez presentado ante la jueza, se le negó la prisión preventiva y se le permitió enfrentar el proceso en libertad bajo caución, con la obligación de presentarse ante la autoridad, lo cual finalmente no ocurrió, como ahora queda evidenciado.

La alta probabilidad de que el imputado se haya dado a la fuga expone un error táctico grave y desproporcionado por parte de la jueza, una decisión que resulta controversial y difícil de explicar. Surge inevitablemente la pregunta: ¿se trató de una postura excesivamente garantista?, ¿de desconocimiento?, ¿de una interpretación errónea de la ley?

Más sorprendente aún es que otros 43 jueces y juezas hayan manifestado públicamente su respaldo a la juzgadora, enviando un mensaje de cierre de filas que deja más dudas que certezas. En un contexto así, lo mínimo esperable sería dar la cara ante la sociedad y responder a los compromisos asumidos de impartir justicia conforme a la ley.

La pregunta de fondo permanece: ¿esto es justicia o una interpretación radical y desconectada del sentido de la ley?

En la Opinión: Marco Aurelio Guevara y Juan Pablo Macías.