Con la ley aprobada en el Congreso Federal para el combate a la extorsión —aplicable a Chihuahua y cinco estados más— ¡salió peor el remedio que la enfermedad!
Resulta que los diputados borregotes de la mayoría la votaron sin leerla, sin analizarla y sin importarles las consecuencias. Así lo denunció el diputado federal Alejandro Domínguez, quien advirtió que unos 600 delincuentes sentenciados por extorsión podrían quedar en libertad.

Así como lo oye: tan solo en Chihuahua hay alrededor de 150 delincuentes con sentencias superiores a los 16 años, pero que ya han cumplido más de 15. Muchos de ellos recibieron condenas de 20, 25 o hasta 30 años por delitos de extorsión —entre otros—, y ahora podrían salir de prisión burlándose de la autoridad local y diciendo, irónicamente, “thank you, 4T”.

Y es que, en lugar de fortalecer las penas y mantener criterios similares a los de los estados más afectados por la extorsión, el cobro de piso, el secuestro exprés y otros delitos graves, los diputados de la mayoría aprobaron la iniciativa sin revisar su contenido. En vez de aplicar agravantes y sanciones ejemplares, se dejaron llevar sin cuestionar nada.

El legislador chihuahuense calificó esta norma como la “Ley Hernán Bermúdez Requena”, al señalar que pareciera que las leyes de hoy se hacen para beneficiar a los delincuentes, no para proteger a las víctimas.

Eso sí, el diputado reconoció algunos aspectos positivos, como que el delito de extorsión se persiga de oficio —aliviando la carga sobre las víctimas—, la posibilidad de liberar a inocentes injustamente encarcelados y el establecimiento de mecanismos de cooperación entre autoridades federales, estatales y municipales, con el fin de homologar criterios y permitir la extinción de dominio sobre bienes relacionados con este delito.

En cuanto a la votación, se sabe que los diputados de Morena por Chihuahua —Alejandro Pérez Cuéllar, Mayte Vargas (Ciudad Juárez) y “Nono” Corral (Cuauhtémoc)— votaron a favor.
Por su parte, Daniel Murguía Lardizábal y Armando Cabada, también de Juárez, se abstuvieron: al parecer les dio cargo de conciencia, pero no se atrevieron a contrariar a su rebaño morado, quedándose en la tibieza.

En contraste, Lilia Aguilar del PT —aunque aliada de la 4T— se fajó los pantalones y votó en contra, al igual que “El Caballo” Lozoya de Movimiento Ciudadano. A ellos se sumaron dos diputadas de Morena, de Sinaloa, que también dijeron: “¡No la chiflen, que es cantada!”, oponiéndose a la reducción de la sentencia máxima a 16 años.

El problema es que, con esta legislación federal en materia de extorsión, la ley estatal queda superada. En Chihuahua, donde se han dictado sentencias de hasta 30 años, quienes ya hayan cumplido 16 podrían salir libres. Y esta información no es un rumor: proviene de la Fiscalía Estatal.

Ahora la decisión está en manos del Senado de la República.
Aún hay tiempo para revertir este despropósito… pero la pregunta es:
¿Usted cree que la mayoría de senadores se atreverá a modificar el dictamen?

En la Opinión: Marco Aurelio Guevara y Juan Pablo Macías.