El tema de las llamadas “pensiones doradas” y la legislación que, al chilazo, aprobaron los diputados de la 4T, trae una cola enorme de injusticias, inconsistencias legales y una controversia que, inevitablemente, terminará en la Suprema Corte.

Ahí será donde se defina todo. Y aunque en el discurso se hable de autonomía, no faltan quienes anticipan que la resolución podría estar marcada por la línea política desde la Presidencia.

La bronca no es menor.

En el intento de corregir abusos reales —porque sí los hubo—, se terminó golpeando parejo. Es cierto: hubo líderes sindicales y funcionarios que se despacharon con la cuchara grande, construyendo pensiones exorbitantes mediante triquiñuelas. A esos, más que reformas generales, lo que les correspondería es una investigación a fondo y sanciones legales.

Pero no fue así.

La medida alcanzó a miles de trabajadores que durante toda su vida laboral aportaron a fondos de retiro y que hoy ven reducidos sus ingresos. Personas que no incurrieron en abusos, pero que ahora pagan las consecuencias de un sistema que otros distorsionaron.

El punto más delicado es el señalamiento de retroactividad.

Quienes protestan sostienen que la reforma al artículo 127 constitucional, por la forma en que se está aplicando, afecta derechos adquiridos. Es decir, rompe con el principio básico de que la ley no debe aplicarse en perjuicio de situaciones ya consolidadas.

En otras palabras: reglas nuevas para contratos viejos.

Y eso, jurídicamente, abre la puerta a una ola de amparos y litigios que ya se están gestando en distintas partes del país. Tal vez las protestas no se vean tan numerosas en la calle, pero el fondo del problema es profundo y la inconformidad crece.

Testimonios como el de trabajadores jubilados reflejan esa preocupación: señalan que se les está reduciendo su pensión bajo criterios generales, sin considerar que parte de esos recursos provienen de aportaciones propias acumuladas durante años, no solo del erario.

El mensaje que muchos perciben es peligroso: que el Estado puede modificar condiciones previamente establecidas de manera unilateral.