No falta quien, por ignorancia o desconocimiento de la historia de México, de su papel geopolítico y de su liderazgo en América, llegue a pensar que nuestro país podría correr la misma suerte que Venezuela. Incluso —aun concediendo, sin aceptar— que se pretenda etiquetar a México como un narcoestado o bajo un narcogobierno (situación que abordaremos más adelante), la comparación resulta profundamente equivocada.

México posee una historia sólida y compleja en su relación con Estados Unidos. Es el principal socio comercial del continente americano y comparte con la Unión Americana una frontera de 3,185 kilómetros. Tan solo en exportaciones, México genera un valor anual hacia Estados Unidos de aproximadamente 474,696 millones de dólares. Somos vecinos, para muchos incómodos, pero irremediablemente vitales y estratégicos.

Por ello, las expresiones desatinadas que sugieren que “México será el siguiente” o que “Trump debería venir por nuestros gobernantes” provienen de una profunda ignorancia y del desconocimiento del verdadero papel de México frente a Estados Unidos.

Si bien este entramado económico, geográfico y estratégico puede funcionar como un escudo, ello no significa que México esté exento de presiones. Las presiones del gobierno de Donald Trump hacia México se darán por otras vías. Es posible que caiga algún político de alto rango, pero no un presidente, y mucho menos uno en funciones. Tal vez un exgobernador, algún exsecretario de Estado. Sin embargo, la presión contra los cárteles y en materia comercial entre ambas naciones ya está siendo —y seguirá siendo— dictada desde Washington.

La caída de Nicolás Maduro tiene mucho que ver con México, aunque no lo parezca a simple vista. Desde la toma de posesión de Donald Trump, la mira estuvo puesta sobre Maduro por ser considerado un dictador, un líder antidemocrático y continuador de la tiranía del golpista Hugo Chávez. Pero, además —y con un peso determinante—, por ser señalado por Estados Unidos como el presunto líder del llamado Cártel de los Soles.

En el contexto continental del tráfico de drogas, estrechamente vinculado al Cártel de Sinaloa, la caída de Ismael “El Mayo” Zambada, tras la traición de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, generó una estela de información sin precedentes que continúa hasta la fecha. Gran parte de los datos sobre sociedades, personajes, rutas, costos, momentos clave y compra de autoridades y gobernantes proviene de detenciones realizadas por Estados Unidos y de los procesos judiciales llevados a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, un entramado que incluso fue retratado de manera casi novelesca en la serie El Cártel de los Sapos.

Ante este escenario, la especulación sobre un eventual involucramiento directo de gobernantes mexicanos no es imposible, aunque tampoco resulta sencillo que ocurra. México no es Venezuela, ni política, ni económica, ni estratégicamente.

Por ahora, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Christopher Landau, subsecretario —apodado el “quita visas”—, han adelantado que esto apenas es el inicio de algo mucho más grande: la punta de un iceberg de dimensiones aún incalculables. Han anunciado que vendrán más acciones y nuevas demostraciones del poderío estadounidense. Paralelamente, crece la polémica en torno al derecho internacional, la legalidad de una posible acción militar estadounidense y el abierto desconocimiento que el presidente de Estados Unidos ha manifestado hacia la ONU.

Estos temas marcarán sin duda la agenda de los próximos meses, junto con las declaraciones de Trump al afirmar: “Nos haremos cargo de Venezuela hasta que existan condiciones democráticas; haremos de este país una nación que devuelva la riqueza a su pueblo”. Y, por supuesto, el anuncio de que las empresas petroleras norteamericanas serán socias estratégicas del petróleo venezolano.

La historia, una vez más, parece repetirse. El paralelismo con la intervención estadounidense conocida como la Guerra del Golfo (1990–1991) resulta evidente: una coalición internacional liderada por Estados Unidos para expulsar a las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein tras la invasión de Kuwait el 2 de agosto de 1990. Aquella operación —que incluyó la defensa de Arabia Saudita (Escudo del Desierto) y la liberación de Kuwait (Tormenta del Desierto)— derivó en una rápida victoria aliada entre enero y febrero de 1991, estableciendo una fuerte presencia militar estadounidense en la región. Para muchos, fue una intervención tan conveniente como estratégica, motivada por la riqueza petrolera, y que culminó años después con la caída y ejecución pública de Hussein como símbolo del fin de un régimen opresor.

En la Opinión: Marco Aurelio Guevara.