LOS CONDUCTORES de Uber y la propia empresa enfrentan un nuevo episodio de confusión legal y desorganización. Tras conocerse un amparo federal que les permite operar en los aeropuertos del país sin restricciones, muchos choferes se lanzaron a prestar el servicio sin esperar lineamientos claros ni confirmación oficial de la empresa.

A pesar de que una jueza federal otorgó la suspensión definitiva a favor de los conductores, ni Uber actuó de manera formal ni los choferes siguieron los procedimientos necesarios. Como resultado, en Chihuahua varios vehículos fueron asegurados por elementos de la Guardia Nacional, quienes, sin información precisa sobre el amparo, aplicaron la ley vigente. Ahora, los afectados deberán iniciar procesos legales para recuperar sus unidades y resolver las multas correspondientes.

Este incidente deja en evidencia el deterioro en la operación de Uber, donde usuarios reportan un servicio cada vez más deficiente, vehículos en mal estado y conductores con poca presentación. La falta de supervisión y control por parte de la empresa ha generado molestia entre los usuarios y ha encendido las críticas hacia las autoridades de transporte, que hasta el momento no han mostrado una actuación firme ante las irregularidades del servicio.

Además, se ha señalado que la Dirección de Transporte estatal opera con recursos limitados, contando con apenas 30 elementos para dos turnos que deben atender taxis, camiones urbanos, transporte de carga, personal, escolar y maquilador. La escasa presencia de inspectores en las calles explica, en parte, el desorden que impera en el sector.

POR OTRO LADO, surgieron denuncias sobre presuntos actos de corrupción dentro del IMSS, donde algunos funcionarios estarían coludidos con despachos contables para vender semanas cotizadas. Según testimonios, se ofrecen entre 30 y 60 mil pesos por agregar al historial de un trabajador hasta 100 semanas adicionales, equivalentes a casi dos años de cotización.

La práctica implica un grave fraude, pues esas semanas se obtienen sustrayéndolas del registro de otros asegurados cuyos números de seguridad social presentan coincidencias en apellidos y permanecen inactivos. En otras palabras, se trata de un robo de historial laboral, afectando a trabajadores legítimos que desconocen la manipulación de sus datos.

Se espera que las autoridades federales, incluido el director general del IMSS, Zoé Robledo, investiguen y sancionen este tipo de prácticas. Aunque se reporta que Chihuahua es uno de los estados donde menos se presentan estos casos, el problema tiene alcance nacional y pone en duda los mecanismos de control interno de la institución.