Y la gran pregunta es…
De confirmarse que los abogados del senador Enrique Inzunza han buscado acercamiento con el Departamento de Estado de Estados Unidos para explorar la posibilidad de convertirse en testigo cooperante… ¿eso también sería considerado traición a la patria?
Porque el debate no es menor.
Según lo publicado por El Universal y El Financiero, una fuente del propio Departamento de Estado habría filtrado esta información. Y, siendo honestos, por el tamaño de las acusaciones, no suena descabellado.
Si el nivel de presión es alto y el expediente avanza, no sería extraño que Inzunza, anticipando un escenario adverso, busque adelantarse y negociar.
De concretarse, sería una auténtica bomba política.
¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno mexicano parece clara: encuadrar todo como una persecución política para desestimar el fondo del caso, incluso debilitando cualquier proceso de extradición bajo el argumento de que “no hay pruebas” y que todo responde a intereses externos.
Pero si uno de los señalados decide colaborar con autoridades estadounidenses… el discurso cambia.
Y cambia fuerte.
De alguna manera, le daría sustento a lo que desde Chihuahua se ha sostenido: que la colaboración con agencias extranjeras en el combate al narcotráfico no es un invento, sino una realidad operativa en zonas como el llamado “Triángulo Dorado” —Chihuahua, Sinaloa y Durango—.
Más aún cuando las acusaciones alcanzan al propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a actores de su entorno político… señalados nada menos que por el gobierno de Donald Trump.
esto escala en lo internacional, en lo local la realidad tampoco da tregua.
En Michoacán, la alcaldesa de Uruapan, Graciela Quiroz, soltó una declaración que cimbró: afirmó que en su estado gobierna el crimen organizado, bajo la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Así, sin rodeos.
Por si fuera poco, también se movió una pieza inesperada: Joaquín Guzmán Loera solicitó al juez Brian Cogan ser extraditado a México.
El que fuera uno de los hombres más buscados del mundo ahora pide ser juzgado en su país, bajo el argumento de un “trato igualitario ante la ley”.
¿Casualidad el timing?
Difícil creerlo. En medio de la tensión bilateral por el narcotráfico, el movimiento no pasa desapercibido.





