UNO DE LOS temas que más impacto ha generado es el fin del decreto de regularización de los llamados “autos chocolate”, una medida que afecta de manera directa a Chihuahua, entidad que encabezó a nivel nacional el número de vehículos regularizados mediante este programa. De un día para otro, desde la Presidencia de la República se tomó la decisión de dar por concluido el decreto, al considerar que el objetivo para el cual fue creado ya se había cumplido y que no existía justificación para extenderlo.

La cancelación del programa tendrá repercusiones importantes en los estados que sí se beneficiaron de manera directa. Con un costo de mil 500 pesos por trámite, los recursos recaudados se destinaban a los municipios para trabajos de bacheo; en Chihuahua, municipios como Cuauhtémoc y Ciudad Juárez se encontraban entre los más favorecidos.

Queda en el aire la interrogante sobre qué ocurrirá con las personas que ya realizaron el pago y tenían la expectativa de concluir su trámite, y que hoy se enteran de que no podrán hacerlo. También será relevante observar la postura que adopten algunos actores, como los líderes de las llamadas “PAFAS”, quienes durante años se han dedicado —entre comillas— a “defender” el patrimonio de quienes se encuentran en esta situación.

A esto se suma la afectación a los ingresos estatales, ya que las placas vehiculares eran emitidas por los gobiernos locales y representaban una fuente importante de recursos.

COMIENZA el 2026 y con él llegan temas de gran trascendencia. Uno de los principales es la iniciativa de Reforma Electoral enviada al Congreso para su análisis y eventual votación. No hay muchas dudas sobre su aprobación, pues el bloque mayoritario cuenta con los votos necesarios. El punto clave será qué tanto pueda lograr la oposición para modificar o frenar algunos aspectos de la propuesta.

La iniciativa plantea, entre otras cosas, la eliminación de los legisladores plurinominales, la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, la desaparición de los institutos electorales estatales y otros cambios bajo el argumento de disminuir los costos de los procesos electorales.

El momento en que se presenta no es menor: ocurre a las puertas del proceso electoral de 2027, en el que Chihuahua renovará la gubernatura. La incertidumbre ya se percibe entre los aspirantes, particularmente en el PAN y el PRI, desde donde se ha advertido un posible intento de Morena por modificar las reglas del juego.

Ojalá que en la discusión se incluyan temas realmente necesarios para fortalecer el sistema electoral, como la votación electrónica, el voto anticipado, la segunda vuelta u otros mecanismos que abonen a la democracia.