ENHORABUENA que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, haya decidido revisar el funcionamiento de los casinos físicos y en línea. Ya era hora.
El auge de las plataformas digitales de apuestas, muchas impulsadas por influencers y dirigidas a los jóvenes, ha creado un entorno sin control que daña a miles de familias. Lo que antes era la cantina de la esquina, hoy se ha convertido en el “jueguito” en el teléfono, donde se apuesta dinero real bajo la promesa de una ganancia fácil que casi nunca llega.

Y no se trata solo de los grandes operadores. En colonias, tienditas y mercados de cualquier ciudad, las maquinitas tragamonedas se han multiplicado como plaga. Son pequeños focos de adicción y pérdida, donde la esperanza de ganar unos pesos termina por vaciar los bolsillos de la gente más necesitada.
En el centro mismo de la ciudad se han detectado hasta “mini casinos” funcionando a plena luz del día, como aquel que operaba descaradamente entre las calles Progreso y Julián Carrillo hasta que fue clausurado. Pero los operadores son hábiles: se mueven, cambian de fachada y reaparecen en otro punto.

Aquí no hay excusas. Federación, estados y municipios deben asumir su parte de responsabilidad. No basta con clausurar uno o dos locales: se requiere una estrategia sostenida de supervisión, fiscalización y sanción, porque mientras haya omisión, la ilegalidad seguirá ganando terreno.

EN OTRO FRENTE, el nombre del exgobernador y hoy senador de Morena, Javier Corral Jurado, vuelve a la conversación pública, esta vez por razones poco honorables.

El fiscal anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela, confirmó que Corral no puede salir del país mientras enfrenta un proceso penal por peculado agravado. A pesar de contar con pasaporte, la justicia lo tiene bajo observación por un presunto desvío de 98.6 millones de pesos en la reestructuración de la deuda estatal durante su administración.

Corral busca que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga su caso, alegando persecución política. Pero el fiscal fue claro: la víctima es el Estado, y la justicia debe seguir su curso.