La grilla política se pone cada vez más caliente. Chihuahua vuelve a colocarse en la nota nacional luego de que la recién electa presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ofreciera una conferencia de prensa en la capital del estado, donde anunció una movilización para el próximo sábado con el objetivo de exigir juicio político y desafuero por el caso del narcolaboratorio en Morelos, Chihuahua.

Ahora sí, la dirigencia nacional de Morena tendrá que organizar una movilización que realmente impacte, luego del descalabro de la semana pasada, cuando convocaron a una marcha frente a Palacio de Gobierno y no lograron reunir ni a cien personas.

La respuesta no tardó. Este mismo día salió la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, quien prácticamente lanzó el reto: “a ver qué tan machines son”, además de pedir que inviten a los campesinos de Chihuahua, un sector que —según la narrativa panista— ha sido olvidado por el Gobierno Federal pese a ser fundamental para el país y uno de los más golpeados por las políticas de la 4T.

También se comenta que Morena analiza impulsar un juicio político en el Congreso del Estado por el caso de los presuntos agentes de la CIA. Un asunto que políticamente tendría pocas posibilidades de prosperar, pero que serviría para mantener el ruido mediático, de la misma manera en que el PAN busca mover piezas a nivel federal aun sabiendo que no cuenta con mayoría.

En caso de que Morena decida atizar el tema con una solicitud de desafuero, tampoco tendría los votos suficientes. De hecho, recientemente perdieron a otro legislador dentro de su bloque.

Quien se dejó caer con todo fue el coordinador panista Alfredo Chávez, al afirmar que “¡Chihuahua no es Sinaloa!” y acusar a Morena de defender una “narcosoberanía” con la movilización anunciada para el sábado.

Así que la grilla se sigue calentando. La guerra política entre “quién la hizo y quién la pague” continúa. Lo cierto es que Morena acaba de imponerse un reto importante: demostrar músculo político en las calles. Ya se sabe que desde la dirigencia nacional se habría encargado directamente a Mayra Chávez, Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez movilizar a su estructura, prácticamente con pase de lista en mano y sin margen para fallar, pues no se trata de una disputa entre grupos locales, sino de una instrucción impulsada desde la presidencia nacional del partido.

Del otro lado, el PAN también comienza a organizar su estrategia para contrarrestar la manifestación, por lo que no sería raro que en los próximos días aparezca una “marcha azul” en defensa de la gobernadora Maru Campos.

La realidad es que ambos temas están completamente politizados y partidizados. Sin embargo, la diferencia en las acusaciones es evidente: a unos se les busca responsabilizar por presunta traición a la patria, un concepto jurídicamente complejo de acreditar; mientras que a otros se les señala por posibles vínculos con el narcotráfico y por aparecer mencionados en investigaciones relacionadas con tráfico de drogas en Estados Unidos.

En un caso, el discurso gira en torno a una supuesta entrega de soberanía nacional, aunque hasta hoy no exista una prueba tangible de cesión de territorio o facilidades para una invasión. En el otro, los señalamientos han escalado desde observaciones internacionales hasta referencias recientes desde organismos y autoridades estadounidenses.

Al final, más allá de los colores y las narrativas políticas, la postura debería ser la misma: si algún funcionario de Chihuahua cometió un delito o incurrió en una falta, que se investigue y se castigue conforme a la ley.

En la Opinión: Marco Aurelio Guevara y Juan Pablo Macías.