Cuatro municipios del estado de Chihuahua promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley General de Aguas y diversos actos de autoridades federales relacionados con la gestión del recurso hídrico, particularmente en la Presa La Boquilla.

Las controversias fueron radicadas el pasado 21 de enero y turnadas a la ministra Sara Irene Herrerías Guerra. Los municipios promoventes son Buenaventura, Guerrero, Balleza y Cusihuiriachi.

Los ayuntamientos impugnan la Ley General de Aguas, publicada el 11 de diciembre de 2025, al considerarla inconstitucional, ya que únicamente regula el uso doméstico del agua y excluye los usos agrícola, pecuario, industrial, ambiental y urbano, en contravención del artículo 4º constitucional.

El diputado federal, Alejandro Domínguez, expresó su respaldo a la acción legal emprendida por los municipios, al señalar que la legislación federal invade competencias municipales y permite extracciones de agua sin planeación ni consulta.

Las controversias también reclaman actos y omisiones del Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y del Consejo de Cuenca del Río Bravo.

Entre las irregularidades señaladas destacan la falta de integración de Consejos de Cuenca con participación municipal y las órdenes de extracción de agua de la Presa La Boquilla sin un plan hídrico ni participación local, incluso para cumplir compromisos del Tratado de Aguas de 1944.

El objetivo estratégico de las controversias es defender la autonomía municipal, asegurar una gestión incluyente del agua y frenar decisiones unilaterales que comprometan el futuro hídrico del estado.