Maru: capo di tutti Capi
México entero fue testigo, en distintos momentos de nuestra historia reciente, de las reacciones violentas desatadas por organizaciones del crimen organizado cuando el Estado mexicano actuó en contra de sus líderes. Lo vimos en Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán, conocido como “El Chapito”; lo vimos en Jalisco en los operativos dirigidos contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. En ambos casos, la respuesta fue la misma: caos, terror, bloqueos carreteros, incendios, intimidación a la población civil, suspensión de actividades y ataques dirigidos no contra el gobierno, sino contra la ciudadanía.
Aquellos episodios nos indignaron porque evidenciaron una lógica profundamente autoritaria y criminal: cuando una facción siente amenazado su poder, responde sembrando miedo entre la población.
Por eso resulta sumamente grave lo ocurrido el pasado sábado 16 de mayo en la ciudad de Chihuahua.
Porque la sola intención de realizar una manifestación pacífica, legítima y democrática convocada por la dirigencia de Morena, terminó enfrentándose a una serie de acciones que, por su naturaleza y coordinación, recuerdan precisamente esas prácticas de intimidación y obstrucción que tanto hemos condenado en las organizaciones criminales.
Bloqueos de calles y carreteras. Semáforos inhabilitados. Perforaciones y daños deliberados en el trayecto por donde habría de pasar la manifestación. Entre muchos otros.
Obstáculos colocados con la clara intención de impedir el libre ejercicio de derechos constitucionales como la libre expresión, la libre reunión y la participación política.
Y lo más delicado: todo ello bajo la responsabilidad de un gobierno estatal que debería garantizar derechos, no sabotearlos.
El actuar del gobierno encabezado por María Eugenia Campos Galván no corresponde al de una administración democrática que respeta la pluralidad política. Corresponde al de un aparato faccioso, intolerante y represor, que utiliza las instituciones públicas no para servir a todas y todos los chihuahuenses, sino para atacar a los ciudadanos en general con la intención de perjudicar a quienes piensan distinto.
Cuando un gobierno utiliza el poder para intimidar opositores, bloquear manifestaciones y alterar deliberadamente el orden público con fines políticos, deja de comportarse como autoridad democrática y comienza a actuar bajo una lógica de control y miedo, adopta un carácter faccioso, similar al utilizado por las mafias, lo cual es totalmente reprobable y profundamente peligroso.
Porque en democracia no se gobierna desde la amenaza. No se gobierna desde la persecución política. No se gobierna usando las instituciones como herramientas de sabotaje.
El pueblo de Chihuahua merece un gobierno que dialogue, no uno que intimide. Merece instituciones que garanticen derechos, no que los atropellen. Merece una gobernadora que actúe como servidora pública y no como dirigente de una facción empeñada en aplastar cualquier expresión opositora.
La diferencia entre un gobierno democrático y una estructura autoritaria no está solamente en el discurso, sino en el comportamiento frente a la disidencia.
Y lo ocurrido el 16 de mayo deja una señal alarmante sobre el rumbo que está tomando el gobierno estatal que encabeza María Eugenia “ Maru” Campos Galván.
Tanto como ciudadano como militante de Morena condeno enérgicamente estos hechos y reiteramos que jamás van a callar la voz de un pueblo organizado, consciente y decidido a defender la democracia, las libertades y el derecho de manifestarse pacíficamente.
Chihuahua no pertenece a un grupo político, eso debe quedarle claro a Campos Galván y a los panistas. Chihuahua le pertenece a los chihuahuenses y ninguna estrategia de intimidación podrá detener la voluntad popular.
