El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafael Loera Talamantes, cuestionó la medida de universalidad que defiende el Gobierno de México para los programas sociales, considerando que esta cuestión no representa justicia social.

Loera Talamantes dijo que en el caso de los apoyos para personas con discapacidad que brinda el Gobierno de Chihuahua, se ha cuidado la proporcionalidad, pues se debe atender a quien tiene un derecho constitucional, pero se respeta dando a cada quién según su necesidad.

Sobre el convenio que no se ha firmado para otorgar el apoyo a personas con discapacidad como lo hacen otros estados en conjunto con la Secretaría de Bienestar, Rafael Loera aclaró que no existen las condiciones presupuestales para lograrlo, ni la estadística real sobre cuántas personas contarán con este beneficio.

Explicó que para este fin, el Gobierno Mexicano ha pedido se destinen 600 millones de pesos, mientras que la secretaría recibe anualmente un presupuesto de 836 millones.

Lamentó que exista una exclusión total a personas con discapacidad que sean mayores a los 65 años, pues a partir de ahí se quita el apoyo y solo se mantiene la pensión para adultos mayores.