Pedro Torres Estrada

La reciente liberación de Édgar Escárcega Valenzuela, condenado a 25 años de prisión por al menos tres secuestros, ha generado una legítima ola de indignación social. El hecho de que el juez de control Juan Carlos Erives Fuertes haya tomado la determinación de otorgar una preliberación —facultad que legalmente corresponde a un juez de ejecución de penas y no a un juez de control— coloca bajo seria duda la solidez institucional del Poder Judicial de Chihuahua.

Lo que agrava aún más la situación es que el beneficiario de esta resolución es hermano de la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, de reciente ingreso al Tribunal Superior de Justicia, quien además es esposa del diputado local Francisco Adrián Sánchez Villegas. La cadena de vínculos familiares y políticos que rodea este caso enciende las alarmas sobre un posible conflicto de interés y un uso indebido del poder judicial en beneficio de intereses particulares.

En un estado que ha sufrido los estragos de la inseguridad y el crimen organizado, resulta inadmisible que una persona sentenciada por delitos tan graves pueda recobrar la libertad mediante resoluciones irregulares. Con decisiones de esta naturaleza, la justicia no solo pierde credibilidad: se convierte en un terreno fértil para la impunidad.

Aquí radica la importancia del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial. Este organismo tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que su existencia no es meramente decorativa, sino que responde a una exigencia ciudadana de transparencia, rendición de cuentas y compromiso real con la legalidad. La investigación del caso Erives Fuertes debe llevarse a cabo con imparcialidad y rigor, y los resultados deben hacerse públicos para garantizar la confianza de los chihuahuenses.

Los ciudadanos que confiamos en el Poder Judicial merecemos respuestas claras: ¿hubo abuso de autoridad? ¿se violentó el principio de imparcialidad? ¿existe tráfico de influencias en beneficio de una familia con presencia en los poderes Judicial y Legislativo? Estas interrogantes no pueden quedar sin respuesta.

De confirmarse irregularidades, corresponde actuar con firmeza y sancionar a quienes hayan vulnerado la ley. Solo así podrá enviarse un mensaje contundente: que en Chihuahua la justicia no se negocia ni se acomoda a conveniencias personales o políticas, y que el Poder Judicial está al servicio de la sociedad, no de los intereses particulares.