El gobierno del presidente Donald Trump amplió los poderes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a refugiados legales que se encuentran en proceso de obtener su tarjeta de residencia permanente.

De acuerdo con el documento, los refugiados deben volver a quedar bajo custodia del gobierno para ser «inspeccionados y examinados» al cumplir un año de haber ingresado legalmente al país vecino.

La nueva directriz revierte el memorándum vigente desde 2010, que establecía de forma explícita que no obtener la residencia permanente no era «motivo» para la expulsión ni «causa adecuada» para la detención de un refugiado.

Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los refugiados han expresado su rechazo a la disposición, a la que califican como parte de la amplia campaña del gobierno de Trump contra la migración, incluso la que se realiza por vías legales.