Toda democracia se sostiene sobre equilibrios frágiles. Ningún poder absoluto sobrevive al desgaste y ninguna institución sale incólume de la historia. Las cortes supremas son más que un conjunto de jueces: son el espejo de las tensiones entre Estado y ciudadanía, entre autoridad y derechos. La verdadera justicia no se mide por lo rebuscado y técnico de sus sentencias, sino que se vuelven brillantes por la capacidad de contener al poder cuando este se desborda, de defender al desválido, de enderezr la injusticia. Y México, con su accidentada historia de autoritarismos, siempre ha necesitado ese contrapeso incómodo que le recuerde al gobierno en turno que los derechos no se plebiscitan. Que en teoría somos una República Federal, con división de poderes y que para que esto se actualice realmente, es un juego de pesos y contrapesos. Hoy prácticamente inexistentes.

Hoy nos encontramos frente a un cambio que marcará a generaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la conocimos, se disolvió en su última sesión plenaria el 19 de agosto de 2025. Se cierra así un ciclo de 30 años que, con aciertos y tropiezos, garantizó un espacio de contención contra la arbitrariedad. ¿Se necesitaba una reforma judicial? ¡Por supuesto! Padecemos una deuda histórica al acceso efectivo a la justicia, falto mucho en materia de disciplina y sanciones en la función jurisdiccional, no siempre se premió la excelencia y el mérito, no se combatió el tráfico de influencias y efectivamente permeaba el nepotismo (ojalá se terminé con el pero diría José José: pero lo dudo).

La “nueva era” judicial, con magistraturas electas por voto popular, nos hereda más preguntas que certezas. ¿Sostendrá este modelo la independencia judicial? ¿O asistimos al nacimiento de un tribunal que funcionará más como coro que como contrapeso? Por lo pronto, el modelo desnaturaliza un poder del Estado. Un poder que debe tener la misma importancia que Ejecutivo y Legislativo y se ha desdibujado.

El episodio que simboliza este parteaguas fue esa última sesión. La ministra presidenta Norma Piña, con voz firme pero cargada de melancolía, declaró la entrega de funciones conforme a la reforma. Afuera, el país resonaba dividido: unos celebraban el “fin de los privilegios” y otros lloraban la pérdida de un dique frente a las mayorías avasalladoras. Muchos recordaron sentencias históricas: la despenalización del aborto, el reconocimiento del matrimonio igualitario, los límites a la militarización o las resoluciones incómodas para el poder. Con esa memoria, el adiós no fue solo institucional; fue emocional.

La narrativa oficial insiste en que la justicia, ahora electa, será más cercana al pueblo. Conviene recordar que la democracia no solo es contar manos levantadas, sino proteger a quienes no tienen la fuerza de levantarlas. La independencia judicial no es un privilegio de élites; es el blindaje para que los derechos de las mujeres, de las personas diversas y vulnerables, de los pueblos originarios y de las víctimas no dependan de la popularidad del momento. La historia latinoamericana es generosa en ejemplos de cortes sometidas al vaivén político. Sus consecuencias siempre han sido devastadoras.

El mayor riesgo no es solo que los nuevos jueces deban su puesto a maquinarias partidistas. El verdadero peligro es que la ciudadanía se acostumbre a vivir sin un árbitro independiente. Porque cuando los derechos dependen del aplauso mayoritario, son los más vulnerables quienes pagan el precio. La paradoja es cruel: quienes hoy festejan esta supuesta “democratización” pueden encontrarse mañana frente a un tribunal incapaz de protegerlos. Y entonces descubrirán, demasiado tarde, que debilitar a la Corte fue dinamitar su último refugio.

No se trata de romantizar a la SCJN que se va, hay muhco que aplaudir en ser un contrapeso, en sentencias históricas, en ser técincamente muy sólida pero además de las áreas de oportunidad antes mencionadas, su casi nula presencia en la vida de los que más necesitan la justicia. Sería mezquino negar que, en los últimos años, fue el espacio de conquistas históricas para los derechos humanos. Su legado no se mide en los nombres de sus integrantes, como en el discurso de redes se hace, sino en lo que sus decisiones aportaron y se tradujeron en derechos, libertades que hoy ejercemos gracias a sus fallos.

Toca desear que a este nuevo modelo le vaya bien, no por cortesía, sino por supervivencia democrática. Ojalá el nuevo tribunal entienda que la justicia no es un espectáculo electoral y que la Constitución no es rehén de la voluntad política. A la sociedad civil nos corresponde vigilar, incomodar y exigir, recordarles que el poder, incluso vestido de toga, siempre busca expandirse. La Corte se ha despedido. Nosotros no. Nuestra tarea será asegurarnos de que la justicia siga siendo un derecho, no un privilegio.

Geo Bujanda

Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con maestría en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México.