La decisión del gobierno de Estados Unidos de cerrar temporalmente la frontera al ganado mexicano debido al brote del gusano barrenador ha encendido las alarmas en el sector ganadero nacional, particularmente en Chihuahua, una de las entidades con mayor vocación ganadera del país. Esta medida, aunque preventiva por parte del gobierno estadounidense, representa un golpe directo a los productores locales, que dependen en gran medida de la exportación de becerros hacia el vecino del norte.

El gusano barrenador —Cochliomyia hominivorax— es una plaga devastadora que pone en riesgo tanto la sanidad animal como la economía del sector. Se trata de un parásito que infecta a los animales de sangre caliente y puede generar enormes pérdidas económicas si no se controla adecuadamente. El hecho de que este brote haya ocurrido después de años de estar erradicado en territorio mexicano no solo habla de una falla en los sistemas de control sanitario, sino también de una política equivocada en materia de importación ganadera.

Uno de los puntos más criticados por los productores nacionales es que, mientras Estados Unidos cierra la frontera al ganado mexicano por razones sanitarias, México sigue permitiendo la entrada de ganado proveniente de Nicaragua y otros países centroamericanos, donde la presencia del gusano barrenador no ha sido erradicada de manera efectiva. Esta política, incoherente y riesgosa, expone a los hatos nacionales a un problema que podría haberse evitado con controles más estrictos.

En el caso de Chihuahua, el impacto es aún más severo. El estado exporta cerca de 500 mil cabezas de ganado al año a Estados Unidos, generando empleos, actividad económica y divisas. El cierre de la frontera no solo significa pérdidas millonarias inmediatas, sino también una ruptura en la cadena de confianza construida durante décadas entre productores chihuahuenses y compradores estadounidenses. Además, la incertidumbre sanitaria afecta la certificación de los ranchos y complica el acceso a otros mercados.

Los ganaderos exigen medidas urgentes, como la suspensión de importaciones de países con riesgo sanitario, la intensificación de campañas de vigilancia y erradicación, y un mayor compromiso por parte de las autoridades federales para defender los intereses del campo mexicano. No se puede permitir que, por decisiones mal calculadas y una falta de coordinación entre dependencias, se pierda todo lo avanzado en sanidad e inocuidad animal.

Alfredo Martínez Sosa