La Auditoría Superior documentó entre 2019 y 2023 deficiencias en diseño, errores de cálculo y falta de supervisión en la obra emblemática de AMLO

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el fin de semana pasado dejó un saldo de al menos 13 personas muertas y decenas de heridos, convirtiéndose en la primera tragedia humana registrada en las obras de infraestructura impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El proyecto fue encomendado a la Secretaría de Marina (Semar), institución que el exmandatario consideraba eficiente y blindada contra la corrupción. Sin embargo, la tragedia ha puesto bajo cuestionamiento el desempeño de las Fuerzas Armadas como constructoras de grandes proyectos de infraestructura.

Fallas documentadas durante cinco años

Entre 2019 y 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió cinco informes en los que documentó graves fallas en la construcción del tren a cargo de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), operada por la Marina.

Los principales problemas detectados incluyen:

∙ Deficiencias fundamentales en el diseño del proyecto

∙ Errores aritméticos en el cálculo de precios de materiales

∙ Falta de supervisión adecuada de los trabajos

Algunas de estas irregularidades se repitieron en revisiones posteriores, lo que evidencia que la Marina no implementó medidas correctivas pese a las advertencias oficiales.

Las miradas críticas se centran en el almirante Raymundo Morales, quien fungió como director general del FIT durante el sexenio pasado y actualmente ocupa el cargo de secretario de Marina, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los señalamientos apuntan a la inexperiencia de la autoridad naval en proyectos ferroviarios y a la premura con la que se ejecutaron los trabajos de construcción.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que su administración contratará a una certificadora internacional para evaluar las condiciones del tramo accidentado antes de autorizar su reapertura.

La tragedia ha abierto el debate sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas para asumir proyectos de infraestructura de gran envergadura, cuestionando el modelo de construcción heredado de la administración anterior.