Casi un mes después de que las primeras bolsas de chapapote comenzaran a manchar las playas de Veracruz y Tabasco, el Gobierno federal y Petróleos Mexicanos (Pemex) siguen sin responder las dos preguntas más elementales sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México: quién lo provocó y si la fuga sigue activa.
La opacidad oficial ha sido la constante desde que se levantaron las primeras alertas, a principios de marzo, y las comunidades afectadas exigen explicaciones que no llegan.
Pemex y el resto de dependencias del sector energético y ambiental publicaron un comunicado conjunto que, más que aclarar, confirma el hueco informativo.
El documento enumera los kilos de petróleo recogidos, 128 toneladas de residuos impregnados de crudo y los kilómetros de litoral visitados, 165 kilómetros en los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, además de Dos Bocas, Tabasco, pero en el apartado titulado «Indagación técnica sobre el origen del hidrocarburo» reconocen, en esencia, no saber la causa.
Las autoridades informan que mantienen una investigación mediante imágenes satelitales, rastreo de buques con drones y sobrevuelos de la Armada de México, sin ofrecer conclusiones.
En el vacío de información oficial, un grupo de organizaciones ambientalistas presentó este miércoles por la tarde imágenes satelitales captadas entre el 6 y el 17 de febrero que muestran cómo una embarcación habría generado un vertido de crudo en el Golfo de México, mientras cinco barcos adicionales intentaban contenerlo sin éxito.
La mancha alcanzó una superficie de 50 kilómetros cuadrados, aproximadamente mil veces la extensión del Zócalo de la Ciudad de México, antes de dispersarse hacia las costas de Tabasco y Veracruz.
Las organizaciones advierten que el derrame estuvo activo al menos hasta el 17 de febrero y señalan que las imágenes demuestran que las autoridades conocían el incidente desde fechas tempranas, pues las maniobras de contención son visibles en las fotografías.
La acusación de los colectivos es directa: no hubo información pública oportuna sobre la magnitud del derrame, sus riesgos ni las medidas de respuesta adoptadas. Exigen que las autoridades expliquen qué acciones activaron, cuándo lo hicieron y por qué no alertaron a tiempo a la población costera. Las imágenes satelitales disponibles desde febrero contrastan con el silencio oficial que se mantuvo hasta que el chapapote llegó a las playas.
Lo único en lo que el Gobierno federal ha sido consistente es en deslindar a Pemex de cualquier responsabilidad en el desastre ecológico. Sin embargo, la falta de una investigación concluida, la ausencia de datos sobre el estado actual de la fuga y el cambio de versión sobre el origen del derrame alimentan la desconfianza de organizaciones civiles y comunidades que llevan semanas limpiando costas sin respaldo ni información oficial.







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