El Senado de la República consumó la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, reincorporando el polémico transitorio de retroactividad que había generado escándalo en San Lázaro.

La votación, impulsada por Morena y sus aliados, fue el cierre de una maniobra que la oposición calificó como un “acto de gatopardismo”, es decir, cambiar algo para que todo siga igual.

Apenas unas horas después de que la Cámara de Diputados “corrigiera” la redacción del transitorio, el bloque oficialista en el Senado desestimó los procedimientos ordinarios y, sin mediar debate profundo, avaló la minuta.

Con ello, abrió la puerta a que el Gobierno federal pueda reactivar cobros de créditos fiscales —por más de dos billones de pesos— bajo el argumento de que no existe retroactividad.

El amparo —uno de los mecanismos más sólidos de defensa ciudadana frente al poder— queda ahora vulnerado por una ley que, bajo el discurso de justicia social, abre la puerta a la discrecionalidad y a la persecución retroactiva.