En medio de protestas y sin atender las exigencias del sector agrícola, los diputados de Morena aprobaron la nueva Ley de Aguas propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en un proceso marcado por prisas, dispensa de trámites y señalamientos de opacidad.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo, que representa a miles de productores afectados por la reforma, denunció que el oficialismo incumplió sus propias promesas de modificar puntos clave de la iniciativa antes de llevarla al pleno.

De acuerdo con legisladores de oposición y organizaciones agrícolas, Morena se saltó procedimientos, llevó el dictamen al pleno en tiempo récord y respondió al “golpe en la mesa” de Sheinbaum para mantener intactos los aspectos más polémicos del proyecto, especialmente lo referente a las concesiones de agua.

Durante el debate, surgieron acusaciones de acaparamiento de agua por parte de figuras cercanas al poder. El ejemplo más señalado fue el de Olga Sánchez Cordero, hoy diputada de Morena, cuya familia posee más de 2.6 millones de metros cúbicos al año en concesiones en Nuevo León.

La nueva normativa impide que las concesiones puedan transmitirse entre particulares, obligando a regresarlas al Estado para que la Conagua decida a quién asignarlas.

Los productores advierten que esto dificulta heredar o vender tierras, pues sin concesión pierden valor, abre la puerta al despojo, al permitir que grandes empresas compren superficies a precios mínimos e impone mayor control político y discrecionalidad en la Conagua

La aprobación exprés de la Ley de Aguas deja un clima de tensión nacional y la sensación de que el campo mexicano fue ignorado en una de las decisiones más relevantes sobre el recurso más importante para su supervivencia.

Productores y organizaciones anticipan más bloqueos, protestas y acciones legales contra una legislación que consideran un golpe directo a su patrimonio y a su futuro.