El Congreso mexicano avanza a contrarreloj para aprobar una nueva Ley General de Aguas antes del 15 de diciembre, lo que ha generado un nuevo conflicto entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y las organizaciones agrícolas del país.

La propuesta legislativa, que incluye una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, prohíbe que las concesiones para uso del agua puedan transmitirse entre particulares, obligando a que regresen al Estado para ser reasignadas por la Comisión Nacional del Agua.

De acuerdo con Yako Rodríguez, la medida representa un despojo de derechos adquiridos por los agricultores y pone en riesgo la estabilidad de familias, inversiones y el crecimiento económico del campo.

Los productores argumentan que sin la posibilidad de heredar o vender las concesiones de agua, sus tierras pierden valor comercial y patrimonial.

Otro punto de controversia es que la nueva legislación condiciona los volúmenes asignados a contar con infraestructura que cumpla condiciones de sustentabilidad y ahorro de agua.

Esta exigencia, señalan, coloca en desventaja a los productores locales frente a las grandes empresas de la agroindustria.

Cabe señalar que la legislación vigente data de los años 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se promulgó la Ley de Aguas Nacionales que permite la transición de derechos entre privados sin intervención de la autoridad.

Esta situación provocó que actualmente la Conagua carezca de control y trazabilidad sobre el volumen de agua que usan los concesionarios ni para qué fines se destina.

Un estudio académico titulado «Los millonarios del agua» reveló que3,300 grandes usuarios privados —apenas el1.1% del padrón— tienen concesionado un volumen de13,000 millones de metros cúbicos al año, equivalente al 22% de toda el agua concesionada en el país.